La presidenta exige evidencias claras tras la advertencia del fiscal interino Todd Blanche sobre nuevas acusaciones por presuntos nexos con el crimen
La relación bilateral entre México y Estados Unidos vive momentos de alta tensión diplomática. Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje directo y sin rodeos al Departamento de Justicia estadounidense: si Washington pretende señalar a funcionarios mexicanos, debe presentar las pruebas que lo respalden ante la ley de nuestro país.
La respuesta de la mandataria surge tras las declaraciones de Todd Blanche, fiscal general interino de EE. UU., quien en una entrevista reciente aseguró que las acusaciones contra políticos mexicanos —como las lanzadas contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya— apenas son el comienzo y que “vendrán más”. Ante esto, Sheinbaum fue enfática al señalar que en México no hay espacio para la impunidad, pero tampoco para la injerencia sin sustento.
Puntos clave de la postura mexicana:
- Apego a la ley: “No protegemos a nadie”, afirmó la presidenta, pero aclaró que para detener a cualquier ciudadano en territorio nacional se deben seguir los procesos legales mexicanos, los cuales requieren evidencias sólidas.
- Cooperación de ida y vuelta: Sheinbaum recordó que la colaboración debe ser mutua. Denunció que México ha solicitado formalmente la extradición de cuatro personas ligadas al huachicol y de dos involucrados en el caso Ayotzinapa, sin que hasta ahora el gobierno de Donald Trump haya cumplido con dichas peticiones.
- No a la intervención política: La jefa del Ejecutivo subrayó que, si bien existe comunicación y coordinación, México no permitirá que asuntos judiciales se utilicen con fines de intervención o golpeteo político desde el extranjero.
Con este posicionamiento, el Gobierno de México marca una línea roja frente a las tácticas de presión de la nueva administración estadounidense, exigiendo que la justicia se base en documentos y realidades jurídicas, y no solo en declaraciones mediáticas que tensan la estabilidad política de la región.
