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Sin pruebas contra Rocha Moya: Cancillería reporta silencio de Estados Unidos

El Gobierno de México envió una nota diplomática a Washington; Harfuch confirma que no hay investigaciones locales contra el gobernador con licencia.


El caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en un compás de espera diplomático. A pesar de los señalamientos provenientes de una fiscalía en Nueva York que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que el gobierno estadounidense aún no ha entregado ni una sola prueba que sustente dichas acusaciones.

A través de una nota diplomática enviada a Washington, México ha solicitado formalmente los elementos que motivaron la orden de detención con fines de extradición, no solo contra Rocha Moya, sino contra otros nueve ciudadanos, incluido el senador Enrique Inzunza. Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha emitido respuesta, dejando las acusaciones en un terreno de incertidumbre legal.

Senador / Enrique Inzunza .

Respaldo del Gabinete de Seguridad

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, fue tajante al señalar que en México no existe ninguna investigación abierta contra el mandatario sinaloense. Harfuch destacó que durante la gestión de Rocha Moya, las fuerzas federales trabajaron con total libertad en la entidad, logrando capturas de objetivos de alta prioridad sin enfrentar impedimentos por parte del gobierno estatal.

Secretario de Seguridad Nacional / Omar García Harfuch .

La presidenta Claudia Sheinbaum también fijó postura en su conferencia matutina, calificando la situación como un punto de “tensión” en la relación bilateral. La mandataria subrayó que, aunque se busca mantener una buena vecindad, no es aceptable que se emitan órdenes de captura contra funcionarios sin presentar evidencias claras que las acrediten.

Mientras el gobernador permanece bajo licencia temporal tras su solicitud el pasado 2 de mayo, el balón está en la cancha de los Estados Unidos, que deberá decidir si presenta las pruebas requeridas o si el caso se mantiene como un señalamiento sin sustento documental ante la diplomacia mexicana.

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