El gremio exige revisar las bases de la subasta, transparentar la lista de créditos laborales y respetar el derecho de huelga en la Unidad Hércules
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana presentó un recurso de revocación dentro del concurso mercantil 19/2023 de la empresa Minera del Norte, S.A. de C.V. La organización sindical impugnó la resolución del siete de septiembre de dos mil veintiséis emitida por la Jueza Segunda de Distrito Especializada en Concursos Mercantiles, al considerar que el acuerdo afecta los derechos laborales y económicos de los obreros de la Sección 265 en la Unidad Hércules.
En el recurso legal, la representación del gremio minero señaló que la resolución juzgadora incurrió en incongruencias al malinterpretar sus argumentos sobre las bases de la subasta pública. El sindicato aclaró que nunca pretendió calificar las bases como un título ejecutivo, sino exigir que la venta de los bienes de la empresa en quiebra se apegue estrictamente a los principios de legalidad, certeza jurídica y estricto control de transparencia.
La representación sindical advirtió que la autoridad judicial no debe validar de forma directa o automática los informes, listas de acreedores e inventarios presentados por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez. Exigió que se desglose con precisión y de forma individualizada el cálculo de los salarios, conceptos, periodos y montos que le corresponden a cada uno de los trabajadores registrados en el proceso de liquidación.
El documento destaca además la vigencia del derecho de huelga ejercido en el expediente 514/2024 y ratificado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo. Los mineros argumentaron que el procedimiento de insolvencia comercial no puede desconocer la huelga, por lo que ambas figuras deben coexistir y armonizarse, dando prioridad a la resolución de los derechos colectivos antes de repartir el producto de la venta.
Finalmente, la organización obrera solicitó ordenar al síndico la rendición de cuentas claras sobre los activos, inversiones y reservas financieras existentes, rechazando frases ambiguas en las resoluciones judiciales. Asimismo, exigió la creación de reservas económicas suficientes que impidan que la distribución patrimonial deje sin cobertura el pago de las indemnizaciones y créditos que pertenecen legítimamente a la base trabajadora.
