La UIF congela cuentas financieras tras reportes del sistema bancario nacional.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha dado un paso crucial en el complejo tablero político y judicial que envuelve al estado de Sinaloa. Este lunes 18 de mayo de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó la inmovilización de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de la entidad. Las autoridades precisaron que la inclusión del exmandatario y de otros implicados en la Lista de Personas Bloqueadas responde a protocolos institucionales activados tras los reportes de alerta emitidos por el propio sistema financiero mexicano, buscando blindar la economía del país.
A través de un comunicado oficial, la dependencia aclaró de forma contundente que esta acción administrativa no representa un veredicto definitivo ni la confirmación de responsabilidades penales. Se trata, más bien, de los llamados reportes “LPB 24 Horas”, herramientas de carácter estrictamente preventivo diseñadas para proteger la integridad del sistema financiero nacional ante flujos de capital bajo sospecha. La UIF prefirió mantener la reserva sobre si este cerco financiero se ha extendido también al entorno familiar del gobernador con licencia, concentrando su postura en los aspectos técnicos del procedimiento.
La tormenta sobre el círculo político de Sinaloa se ha intensificado a raíz de los graves señalamientos del gobierno de los Estados Unidos, que acusa a 10 personas de narcotráfico, uso de armas exclusivas y conspiración. Este cerco económico ocurre apenas días después de que dos exfuncionarios clave de la administración estatal, Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, cruzaran la frontera para entregarse por voluntad propia a las agencias norteamericanas. Mientras tanto, el paradero actual de Rocha Moya sigue siendo una total incógnita para la opinión pública.
Por su parte, el marco legal vigente garantiza que los afectados por esta inmovilización conservan intactos sus medios de defensa para comparecer y aclarar el origen de sus recursos. Esta medida administrativa coincide con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien horas antes recalcó la necesidad de contar con pruebas contundentes antes de fijar una determinación definitiva sobre Rocha Moya. Por lo pronto, el análisis minucioso de la documentación de las Personas Políticamente Expuestas continúa bajo rigurosos criterios analíticos que prometen ser determinantes para el futuro del caso.
