El presidente de la American Society of Mexico cuestionó que tener dos nacionalidades sea utilizado como criterio para limitar derechos políticos y pidió al Congreso analizar con cuidado la iniciativa que busca establecer restricciones para quienes aspiren a la Presidencia, gubernaturas y la Jefatura de Gobierno.
La propuesta de Claudia Sheinbaum para limitar la participación electoral de personas con doble nacionalidad ya generó críticas desde distintos sectores. Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, consideró que la medida parte de una premisa equivocada al relacionar la posesión de otro pasaporte con la lealtad hacia México.
Para Rubin, tener una segunda nacionalidad no significa automáticamente mantener compromisos políticos con otro país. El empresario mexicoamericano sostuvo que contar con más de un pasaporte es una condición jurídica que puede presentarse por distintas circunstancias y que, por sí sola, no debería utilizarse para cuestionar el patriotismo de una persona.
El también representante del Partido Republicano en México advirtió que una eventual restricción tendría repercusiones para millones de mexicanos. Su argumento es que la doble nacionalidad forma parte de la realidad de numerosas familias que mantienen vínculos personales, familiares o laborales tanto en México como en otros países.
Rubin señaló que existen alrededor de 20 millones de mexicanos con doble nacionalidad y recordó que millones más viven en Estados Unidos. Desde su perspectiva, excluir a estas personas de determinados procesos políticos únicamente por tener otra ciudadanía significaría asumir que su vínculo con México es menor, algo que consideró injustificado.
El empresario planteó que la lealtad de un funcionario público debería analizarse mediante otros mecanismos. Más que revisar cuántos pasaportes posee una persona, dijo, deberían existir criterios claros relacionados con sus decisiones, responsabilidades y conducta mientras ocupa un cargo público.
La discusión llega después de que Sheinbaum propusiera modificar la Constitución para establecer nuevas condiciones a quienes busquen ocupar los cargos políticos de mayor relevancia. La iniciativa contempla cambios en los artículos 86, 116 y 122, relacionados con la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
De acuerdo con la propuesta presidencial, quienes aspiren a esos puestos tendrían que contar únicamente con nacionalidad mexicana. En caso de poseer otra, deberían renunciar a ella antes de registrarse como candidatos. Además, una vez que asumieran el cargo, no podrían solicitar nuevamente una nacionalidad extranjera.
Sheinbaum ha defendido la iniciativa bajo el argumento de que quienes gobiernen deben responder exclusivamente a los intereses de México. La presidenta también ha planteado que contar con otra nacionalidad podría generar situaciones de conflicto de interés, especialmente cuando existan obligaciones jurídicas con otro país.
Rubin considera que ambos asuntos no necesariamente están relacionados. Desde su perspectiva, la ciudadanía o nacionalidad adicional de una persona no determina automáticamente sus decisiones como funcionario. Por ello, insistió en que los legisladores deben estudiar las consecuencias de la reforma antes de establecer una prohibición constitucional.
El presidente de la American Society of Mexico pidió que el debate no se convierta en una medida que termine afectando políticamente a una población considerable. Consideró necesario distinguir entre nacionalidad, lealtad y responsabilidad pública, tres conceptos que, aunque pueden relacionarse, no necesariamente significan lo mismo.
La iniciativa todavía deberá pasar por el análisis y discusión del Congreso. En caso de ser aprobada, las nuevas reglas no se aplicarían a las elecciones de 2027, sino que entrarían en vigor hasta 2030, de acuerdo con lo planteado en la propuesta.
Mientras el Congreso revisa el proyecto, el debate sobre la doble nacionalidad comienza a tomar fuerza. Para sus defensores, se trata de una forma de garantizar que los principales cargos públicos tengan un vínculo exclusivo con México; para sus críticos, puede convertirse en una restricción innecesaria de derechos políticos.
