El gobernador Sergio Ziliotto presentó un amparo para declarar inconstitucional la norma, argumentando que pone en riesgo los ríos de su provincia; una decisión que podría impactar inversiones por 40,000 millones de dólares.
Apenas 24 horas después de que el Congreso diera luz verde a la nueva Ley de Glaciares, el panorama político y económico ha dado un giro inesperado. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, no perdió tiempo y acudió a la Justicia Federal para presentar un amparo y una medida cautelar que busca frenar en seco la aplicación de esta normativa en todo el territorio nacional.
El corazón del reclamo: El agua y la Constitución
Para Ziliotto y su equipo técnico, la ley sancionada el pasado miércoles no es solo una cuestión de minería, sino de supervivencia ambiental. El argumento central es que uno de los ríos vitales para los pampeanos nace precisamente en zonas glaciares, y la nueva norma violaría derechos protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
El juez federal Juan José Baric tiene ahora en sus manos una decisión que trasciende lo jurídico: definir si el reclamo pampeano tiene el peso suficiente para suspender una ley que fue votada con una amplia mayoría y que contaba con el visto bueno de varias provincias con tradición minera.
Una moneda de 40,000 millones de dólares en el aire
Desde los despachos del Gobierno nacional, la noticia se recibió con una mezcla de cautela y preocupación. La Ley de Glaciares es vista como la “llave maestra” para atraer inversiones extranjeras masivas.
- Proyectos en vilo: Empresas como Glencore y Vicuña tienen planes que, en conjunto, podrían inyectar cerca de 40,000 millones de dólares al país.
- Certeza jurídica: Para el sector minero, esta ley otorgaba el marco de estabilidad necesario para comprometer capitales a largo plazo. Una suspensión judicial podría enfriar estas expectativas justo antes de la gran exposición minera nacional que se realizará el próximo mes en San Juan.
Un debate que divide al país
Lo que hace único este caso es que, hasta ahora, Ziliotto es el único mandatario de una provincia no minera que ha decidido dar esta batalla legal. Sin embargo, no está solo: organizaciones ambientalistas y expertos constitucionales han respaldado su postura, colocando nuevamente en el centro de la escena el dilema de cómo crecer económicamente sin descuidar el patrimonio natural.
¿Qué sigue en la justicia?
El juez Baric deberá determinar en los próximos días si hace lugar a la cautelar. Si lo hace, la entrada en vigor de la ley quedaría congelada, abriendo un periodo de incertidumbre que podría durar meses.
Mientras los abogados preparan sus argumentos, el país observa de cerca. Lo que se decida en los tribunales pampeanos no solo definirá el futuro de los hielos eternos, sino también el rumbo de una de las apuestas económicas más ambiciosas de la Argentina actual. La protección del agua y la necesidad de inversión vuelven a chocar en un duelo legal de alto impacto.
