La Auditoría Superior de la Federación revisará 25 años de contrataciones del INE y organismos electorales estatales para detectar posibles prácticas ilegales, concentración de proveedores y mal uso de recursos públicos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una revisión integral de las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos electorales estatales desde el año 2000. La decisión se tomó luego de detectar posibles irregularidades en el manejo del dinero público y en la adquisición de materiales electorales.
La dependencia informó que, mediante trabajos de inteligencia y análisis de información solicitada a distintas entidades, encontró indicios de prácticas que requieren una investigación más amplia. Por ello, buscará conocer cómo se asignaron los contratos y quiénes fueron los proveedores beneficiados durante estos 25 años.
El objetivo es identificar si existió concentración de contratos en determinadas empresas, acuerdos entre proveedores o prácticas ilegales que afectaran el uso de los recursos públicos. La revisión abarcará tanto al antiguo Instituto Federal Electoral (IFE) como al actual INE y los organismos públicos locales electorales.
Esta investigación ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera revisar las contrataciones del organismo, principalmente las realizadas desde 2014. La mandataria señaló que un grupo reducido de empresas habría concentrado durante años la producción de materiales electorales, sin que se modificaran las condiciones de contratación.
Por otra parte, la presidenta provisional del INE, Blanca Cruz García, anunció que las diez consejerías acordaron preparar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). El propósito es que se investiguen los posibles hechos de corrupción y se determinen las responsabilidades correspondientes.
La denuncia no estará dirigida inicialmente contra una persona en particular, sino que buscará incluir a cualquier funcionario o colaborador sobre quien existan indicios. Mientras tanto, el INE mantiene la revisión de sus contratos, incluidos los relacionados con la fabricación de credenciales para votar, cuyo monto supera los mil millones de pesos.
