Habitantes y organizaciones ambientales advierten sobre los posibles impactos en el agua y los ecosistemas, mientras el Gobierno analiza la viabilidad de la fractura hidráulica bajo nuevos criterios técnicos.
La posibilidad de evaluar proyectos de fracking en algunas regiones del país ha generado preocupación entre comunidades, organizaciones ambientales y especialistas. Aunque el Gobierno federal plantea revisar esta técnica bajo criterios de sustentabilidad, diversos grupos consideran que sus riesgos para el medio ambiente y el suministro de agua siguen siendo motivo de debate.
Uno de los principales señalamientos está relacionado con el volumen de agua requerido para cada pozo. De acuerdo con organizaciones que se oponen a esta práctica, la fractura hidráulica puede consumir desde millones hasta más de cien millones de litros de agua, dependiendo de las características de cada proyecto.
En la Huasteca Potosina, habitantes expresaron su inquietud por los planes de exploración contemplados en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035. Aseguran que las perforaciones podrían afectar ríos, manantiales y fuentes de abastecimiento que suministran agua a cientos de miles de personas que viven en esa región.
Las preocupaciones también se extienden a comunidades del norte de Veracruz, donde vecinos recuerdan incidentes relacionados con infraestructura petrolera. Habitantes de Papantla afirman que en años recientes enfrentaron derrames de hidrocarburos que impactaron arroyos, áreas de cultivo y espacios donde se desarrolla la vida cotidiana de varias localidades.
Representantes comunitarios señalan que los trabajos de limpieza realizados después de esos incidentes ayudaron a reducir parte de la contaminación, pero consideran que los efectos ambientales dejaron una huella importante. También sostienen que persisten dudas sobre las consecuencias a largo plazo para los ecosistemas y las fuentes de agua.
Organizaciones ambientalistas insisten en que la fractura hidráulica representa un riesgo para los acuíferos y la biodiversidad. Además, sostienen que el uso intensivo de agua y los procesos de extracción pueden generar impactos difíciles de revertir, por lo que mantienen su postura de rechazar nuevos proyectos bajo esta técnica.
Por su parte, el Gobierno federal informó que un comité de especialistas realiza estudios para determinar en qué condiciones podría evaluarse esta actividad. Las autoridades han señalado que cualquier decisión deberá basarse en evidencia científica, protección ambiental y consultas con las comunidades involucradas.
Mientras continúan los análisis, el debate permanece abierto entre quienes consideran que el fracking podría aportar al desarrollo energético y quienes advierten que sus posibles efectos sobre el medio ambiente y el acceso al agua representan un riesgo que no debe pasar por alto.
