Derek Maltz sostuvo que el gobernador de Sinaloa con licencia debe responder ante la justicia estadounidense por los señalamientos de presuntos vínculos con Los Chapitos, aunque reconoció que actualmente no se han presentado pruebas públicas en su contra.
Derek Maltz, exdirector de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, pidió que Rubén Rocha Moya sea enviado a territorio estadounidense para enfrentar un proceso judicial. El exfuncionario relacionó al gobernador de Sinaloa con licencia con presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos.
A través de sus redes sociales, Maltz señaló que espera que Rocha Moya sea trasladado a Nueva York para comparecer ante un tribunal federal. Sin embargo, también reconoció que el político debe considerarse inocente mientras no se demuestre lo contrario, por lo que corresponde a un juez determinar responsabilidades.
El exfuncionario estadounidense incluso publicó una imagen creada mediante inteligencia artificial en la que aparece una supuesta entrega de Rocha Moya. La imagen muestra un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, además de elementos del FBI y la DEA, aunque se trata únicamente de una representación digital.
Los señalamientos ocurren en medio de una serie de movimientos políticos relacionados con funcionarios de Sinaloa. En las últimas semanas, Rocha Moya solicitó licencia para separarse nuevamente de la gubernatura, mientras en el Congreso estatal se realizaron los trámites para definir quién asumiría temporalmente el cargo.
La salida del gobernador con licencia ocurrió después de varias semanas de presión política. Posteriormente, Graciela Domínguez fue designada como gobernadora interina de Sinaloa, mientras Rocha Moya dejó temporalmente sus funciones al frente del estado en medio de los cuestionamientos relacionados con los señalamientos provenientes de Estados Unidos.
Otro movimiento ocurrió en el Senado, donde Enrique Inzunza anunció su separación de la bancada de Morena. El legislador explicó que tomó la decisión para evitar que su permanencia dentro del grupo parlamentario fuera utilizada por la oposición para generar cuestionamientos contra la llamada Cuarta Transformación.
Inzunza también rechazó los señalamientos que lo relacionan con presuntas actividades vinculadas al crimen organizado. El senador sostuvo que, después de varios meses de acusaciones provenientes de Estados Unidos, no se han presentado públicamente pruebas que demuestren su responsabilidad ni la de otros funcionarios señalados por supuestos vínculos con Los Chapitos.
El caso de Rocha Moya permanece así en medio de una fuerte discusión política entre México y Estados Unidos. Mientras figuras estadounidenses como Maltz presionan para que exista un proceso judicial, en México se insiste en que cualquier acusación debe acompañarse de elementos que permitan determinar responsabilidades conforme a la ley.
Por ahora, no existe información pública que confirme que el gobierno de Estados Unidos haya solicitado formalmente la extradición de Rocha Moya para enfrentar un juicio. Los señalamientos del exjefe de la DEA corresponden a su postura personal y no representan, por sí mismos, una orden judicial estadounidense.
La situación también ha generado llamados de la oposición para revisar la responsabilidad política del gobernador con licencia. Sin embargo, cualquier procedimiento de carácter penal requeriría que las autoridades correspondientes presenten pruebas y sigan los mecanismos legales establecidos tanto en México como en Estados Unidos.
Mientras tanto, Rocha Moya permanece fuera de la gubernatura de Sinaloa y el escenario político del estado continúa moviéndose. Las acusaciones estadounidenses, la salida temporal del gobernador y los cambios dentro de Morena mantienen el caso bajo atención, mientras no se conocen públicamente pruebas que sustenten las acusaciones mencionadas.
El planteamiento de Derek Maltz vuelve a colocar el nombre de Rubén Rocha Moya en el centro de la discusión sobre los presuntos vínculos entre funcionarios y organizaciones criminales. Hasta que exista una investigación formal y una resolución judicial, los señalamientos deben mantenerse como acusaciones y no como hechos comprobados.
