La tragedia provocada por el colapso de hielo en Nepal reavivó las críticas contra la reforma impulsada por Javier Milei. Ambientalistas advierten que permitir actividades mineras en zonas cercanas a glaciares podría aumentar los riesgos para las reservas de agua.
El colapso de una masa de hielo en el Himalaya y las afectaciones que dejó en Nepal volvieron a poner sobre la mesa el debate ambiental en Argentina. Organizaciones ambientalistas aprovecharon la situación para pedir al Gobierno de Javier Milei que dé marcha atrás a la reforma de la Ley de Protección de Glaciares.
Los activistas reconocen que las condiciones ambientales de Nepal y Argentina son diferentes, por lo que no aseguran que un fenómeno similar vaya a ocurrir en territorio argentino. Sin embargo, consideran que lo sucedido muestra los riesgos que enfrentan los glaciares debido al calentamiento global y al retroceso de las masas de hielo.
Argentina cuenta con 16 mil 968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie cercana a los 8 mil 484 kilómetros cuadrados. En los últimos años, el país ha reconocido el retroceso de buena parte de los glaciares andinos de la Patagonia sur, incluido el conocido Perito Moreno.
Los glaciares tienen además una función importante como reservas de agua. Comunidades de distintas regiones dependen del deshielo para actividades como el consumo humano, el riego y la generación de electricidad, por lo que cualquier modificación en las zonas protegidas genera preocupación entre organizaciones ambientales.
Reforma de Milei genera preocupación por proyectos mineros
La reforma a la Ley de Glaciares fue aprobada en abril de 2026 por impulso del Gobierno de Javier Milei. Uno de los cambios permite a las provincias autorizar determinados proyectos mineros en áreas periglaciales, siempre que determinen que esas zonas no contienen reservas estratégicas de recursos hídricos.
Para las organizaciones ambientales, este cambio genera un problema porque deja en manos de las autoridades provinciales la decisión sobre qué zonas deben considerarse importantes para la conservación del agua. También temen que el crecimiento de la actividad minera aumente la presión sobre estos ecosistemas.
La modificación ocurrió mientras Argentina busca atraer nuevas inversiones en minería, principalmente relacionadas con litio, cobre y oro. El Gobierno ha impulsado estos sectores mediante beneficios fiscales y otras medidas para aumentar la llegada de capital y aprovechar los recursos naturales del país.
Los ambientalistas señalan que la actividad minera puede modificar el terreno y afectar fuentes de agua. Entre sus principales preocupaciones están las excavaciones, el uso de sustancias químicas y la construcción de depósitos de residuos, además de los posibles daños que podrían producirse si alguno de estos sistemas falla.
Otro punto de preocupación es que los glaciares y las zonas cercanas cumplen una función dentro del ciclo del agua. De acuerdo con organizaciones ambientales, las modificaciones en estos espacios pueden afectar acuíferos y ríos conectados con las áreas de deshielo, generando consecuencias para comunidades que dependen de esos recursos.
Organizaciones llevan la reforma a los tribunales
La discusión ya llegó a los tribunales argentinos. La provincia de La Pampa y organizaciones como Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales presentaron un amparo colectivo para intentar frenar la aplicación de la reforma mientras la Justicia analiza si los cambios cumplen con la Constitución.
Las organizaciones señalan que el proceso judicial avanza lentamente y existe preocupación por la falta de una resolución. Mientras tanto, buscan mantener el tema en la agenda pública y evitar que se autoricen proyectos que puedan afectar zonas consideradas importantes para la conservación de las reservas de agua.
El conflicto también tiene un antecedente importante. En 2019, la Corte Suprema de Argentina confirmó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares aprobada en 2010, después de una demanda presentada por la empresa minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan.
En aquella resolución, el máximo tribunal reconoció a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes públicos. También estableció que, cuando existe un conflicto entre intereses económicos y derechos colectivos como el acceso al agua, estos últimos deben tener una protección prioritaria.
Los ambientalistas consideran que la reforma aprobada durante el Gobierno de Milei representa un retroceso frente al esquema de protección establecido hace más de una década. Por ello, además de recurrir a los tribunales, buscan llevar nuevamente la discusión al ámbito político de cara a las elecciones argentinas de 2027.
La preocupación volvió a crecer después de la tragedia registrada en Nepal. Aunque especialistas reconocen que no existe una relación directa entre ambos casos, los grupos ambientalistas consideran que el episodio debe servir como recordatorio de los efectos que pueden tener los cambios en los ecosistemas de hielo.
Para las organizaciones que se oponen a la reforma, la discusión no se limita a la actividad minera. El punto central es definir cuánto riesgo está dispuesto a asumir Argentina en zonas que consideran estratégicas para el agua y que ya enfrentan los efectos del cambio climático.
