Las autoridades indagan una red de nueve compañías que obtuvo contratos por más de 4 mil millones de pesos y que presuntamente simuló operaciones para evadir obligaciones fiscales.
La Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación contra una red de nueve empresas proveedoras de la Secretaría de la Defensa Nacional por su presunta participación en un esquema de fraude fiscal. Las compañías obtuvieron contratos por alrededor de 4 mil 200 millones de pesos para suministrar diversos productos al Ejército.
De acuerdo con las investigaciones, estas empresas vendieron uniformes, telas, maquinaria, colorantes, refacciones, armamento e insumos a la Defensa. En uno de los contratos revisados por las autoridades también se detectó un presunto sobreprecio de 175.6 millones de pesos, lo que forma parte de las indagatorias en curso.
La FGR sostiene que las compañías habrían participado en un esquema para simular operaciones financieras. Como parte del caso, Mario Alfonso “N” fue vinculado a proceso el pasado 9 de abril por un juez federal, quien concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria y permitió que enfrentara el proceso en libertad.
Las autoridades también identificaron que familiares del imputado aparecen como accionistas o representantes legales de varias de las empresas investigadas. Aunque algunas de ellas ya mantenían contratos con la Defensa desde años anteriores, fue a partir de 2019 cuando aumentó de forma importante el número de adjudicaciones obtenidas.
La investigación surgió después de diversas auditorías realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La autoridad fiscal detectó presuntas triangulaciones de recursos con empresas consideradas fantasma por alrededor de 200 millones de pesos y determinó créditos fiscales que, en conjunto, suman cerca de 179 millones de pesos.
Entre las empresas revisadas se encuentran Nicela e Intman, que recibieron créditos fiscales por presuntas operaciones simuladas. Ambas promovieron recursos legales para impugnar las resoluciones del SAT, pero tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como un tribunal colegiado confirmaron la validez de los créditos determinados por la autoridad.
Las resoluciones judiciales señalaron que las investigaciones del SAT acreditaron que algunas de las empresas carecían de personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios que facturaban. La FGR continúa con las indagatorias para determinar si existen responsabilidades penales adicionales y definir la situación jurídica de los demás involucrados.
