El diputado de Morena planteó una estrategia más amplia para combatir el mercado ilegal de combustibles y fortalecer la coordinación entre las autoridades de México y Estados Unidos.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, llamó al Gobierno federal a reforzar las acciones contra los políticos y empresarios relacionados con el huachicol fiscal. Señaló que las investigaciones y sanciones deben aplicarse sin importar el partido político o la actividad económica de los involucrados.
El legislador consideró que la estrategia actual debe ampliarse para no enfocarse únicamente en quienes introducen combustibles al país con declaraciones falsas para evitar el pago de impuestos. Afirmó que también es necesario investigar a quienes compran esos productos y mantienen activo el mercado ilegal.
Ramírez Cuéllar sostuvo que existen gasolineras, empresas mineras y compañías que realizan obras públicas que, presuntamente, adquieren combustible de procedencia ilegal. Por ello, insistió en que las autoridades deben identificar a todos los participantes de la cadena y actuar con mayor eficacia.
El diputado señaló que es momento de construir una política de Estado para enfrentar el huachicol fiscal. Aseguró que este problema no puede combatirse con acciones aisladas y que se requiere una estrategia permanente para desmantelar las redes que operan este negocio ilícito.
Aunque reconoció los resultados obtenidos por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y las acciones encabezadas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, opinó que los avances todavía son insuficientes para frenar por completo este delito.
También propuso fortalecer la colaboración con Estados Unidos para combatir el tráfico ilegal de combustibles. Explicó que en ambos países existen iniciativas para endurecer las medidas contra estas prácticas y adelantó que impulsará reformas al Código Fiscal, la Ley de Extinción de Dominio y la legislación relacionada con el robo de combustibles.
Finalmente, Ramírez Cuéllar consideró que las sanciones administrativas aplicadas a algunas empresas y gasolineras no son suficientes. Afirmó que instituciones como Pemex, el SAT, la Secretaría de Hacienda y las autoridades judiciales deben trabajar de manera coordinada para investigar, sancionar y recuperar los bienes obtenidos mediante actividades ilegales.
