Con la detención de 14 personas y el decomiso de miles de litros de gas LP, las autoridades federales desarticulan una estructura que operaba bajo fachadas empresariales en cinco estados.
Lo que comenzó como una investigación silenciosa en septiembre pasado ha culminado en uno de los golpes más contundentes contra el robo de hidrocarburos en los últimos años. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el desmantelamiento de una red de tráfico de combustible cuyas operaciones ilícitas superaban los 1,300 millones de dólares, una cifra que evidencia el daño profundo que esta actividad causa al patrimonio nacional.
La operación, que requirió siete meses de inteligencia y seguimiento, no solo se centró en las detenciones, sino en desarticular toda la logística que permitía el flujo del combustible robado desde su extracción hasta su comercialización final.
Una logística de grandes dimensiones
A través de 20 cateos simultáneos en el Estado de México e Hidalgo, así como operativos adicionales en Chihuahua y la Ciudad de México, las fuerzas federales lograron asegurar un arsenal de transporte y almacenamiento:
- Combustible: 150,000 litros de gas LP recuperados.
- Flota: 61 camiones cisterna, 55 autotanques y 11 tractocamiones.
- Infraestructura: 20 tanques de almacenamiento masivo.
Además del equipo pesado, se incautaron armas, drogas, dinero en efectivo y equipo tecnológico utilizado para coordinar el trasiego. Según las investigaciones encabezadas por la FGR, la red contaba con la complicidad de diez empresas que servían como fachada legal para lavar el origen del hidrocarburo.
El rastro de la corrupción
Este desmantelamiento es la continuación de un hilo que comenzó a jalarse tras la detención de exfuncionarios de aduanas, empresarios y algunos elementos navales el año pasado. El secretario Harfuch destacó que estas 14 nuevas detenciones golpean directamente la estructura de mando y distribución de la organización.
El robo de combustible, conocido popularmente como “huachicoleo”, se mantiene como una de las actividades más lucrativas para el crimen organizado, compitiendo incluso con el narcotráfico. Con estas acciones, el Gobierno de México envía un mensaje claro sobre la prioridad de proteger los recursos energéticos y desarticular las redes de corrupción que permiten que el combustible robado llegue a los tanques de los consumidores bajo una apariencia de legalidad.
