A casi 12 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, familiares reclaman resultados, piden acceso a documentos de Sedena y advierten que no aceptarán informes parciales sobre el caso.
A pocos días de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, sus padres volvieron a exigir avances concretos en la investigación y cuestionaron que, hasta ahora, las autoridades no hayan esclarecido qué ocurrió con sus hijos.
En un posicionamiento difundido antes del aniversario, los familiares señalaron que las investigaciones permanecen prácticamente estancadas. Consideraron que las promesas de verdad y justicia no han sido suficientes y acusaron al Estado mexicano de mantener una política de opacidad, particularmente en torno a la información que permanece en poder de las Fuerzas Armadas.
Los padres recordaron la reunión que sostuvieron el pasado 27 de agosto en Palacio Nacional con autoridades federales, donde plantearon nuevamente la necesidad de reincorporar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, conocido como GIEI, para acompañar y supervisar las investigaciones de manera independiente.
Para los familiares, el regreso del GIEI permitiría revisar las líneas de investigación con mayor autonomía y dar seguimiento a elementos que consideran pendientes. También señalaron que las herramientas tecnológicas y las investigaciones oficiales por sí solas no han permitido conocer el paradero de los estudiantes.
Otra de sus principales demandas es la entrega de más de 800 folios y registros militares que, según los familiares, fueron generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia durante septiembre de 2014. Consideran que esos documentos pueden aportar información relevante para reconstruir lo sucedido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Los padres también reclamaron que la Secretaría de la Defensa Nacional no haya abierto por completo los expedientes relacionados con el caso. Advirtieron que mientras existan documentos pendientes de entregar, continuarán cuestionando la versión oficial y exigiendo que toda la información disponible sea utilizada para localizar a los estudiantes.
Los familiares reconocieron las recientes acciones judiciales contra exfuncionarios relacionados con el caso, pero señalaron que las detenciones no representan una respuesta suficiente. Para ellos, cualquier avance debe estar acompañado de pruebas sólidas que permitan establecer responsabilidades y, principalmente, conocer qué ocurrió con los 43 normalistas.
También pidieron a la Fiscalía General de la República fortalecer los procesos judiciales existentes y cumplir las órdenes de aprehensión pendientes contra militares que presuntamente estarían relacionados con los hechos. Insistieron en que las investigaciones deben avanzar con evidencias y no convertirse en acciones aisladas que desvíen la atención del objetivo principal.
A casi 144 meses de la desaparición, los padres expresaron su decepción por la falta de resultados que permitan conocer el paradero de sus hijos. Señalaron que el paso del tiempo no puede sustituir la obligación de las autoridades de investigar y esclarecer uno de los casos más graves de desaparición en México.
Los familiares reiteraron que mantendrán su lucha hasta obtener verdad y justicia. También dejaron claro que no aceptarán informes parciales ni acciones que consideren insuficientes, por lo que continuarán exigiendo la apertura de los archivos militares y una investigación que permita conocer finalmente qué sucedió con los 43 estudiantes.
