Mientras el proceso de venta toma forma con fecha límite para septiembre, exempleados de la acerera cuestionan millonarios pagos a despachos y exigen cuentas claras a la administración judicial.
La autorización judicial para publicar la convocatoria de venta de Altos Hornos de México devuelve algo de esperanza a los extrabajadores, pero no borra la profunda desconfianza hacia el manejo financiero del síndico. Julián Torres Ávalos, dirigente del Grupo de Defensa Laboral, dejó claro que, aunque el proceso por fin avanza, la opacidad con la que se han tomado decisiones clave dentro de este concurso mercantil sigue encendiendo alertas muy serias entre los afectados.
El descontento aumentó cuando se supo que la jueza del caso frenó las pretensiones de la administración encargada de la quiebra. Entre las propuestas rechazadas destacan la entrega de doscientos mil dólares a un abogado de funciones dudosas y la intención de apartar dos millones de dólares para un despacho externo con fondos de la misma empresa, gastos que los exempleados consideran injustificados y completamente fuera de lugar.
Ante este panorama de decisiones poco claras, el grupo de afectados analiza interponer quejas formales ante las autoridades laborales e incluso acudir directamente a la Fiscalía General de la República. Su exigencia principal es que se revise a fondo la actuación del síndico, pues temen que el uso de estos recursos termine afectando directamente el patrimonio que por ley corresponde a quienes laboraron durante años en la compañía.
En el plano administrativo, los extrabajadores tienen hasta el próximo veintiocho de agosto para revisar minuciosamente las listas de créditos laborales y asegurar que nadie quede excluido del padrón oficial. Para afinar esta estrategia, los representantes viajarán a la capital del país a reunirse con asesores legales, buscando blindar sus expedientes ante cualquier intento de omisión por parte de la administración del procedimiento mercantil.
Finalmente, el sector laboral afectado recordó que existen cientos de resoluciones firmes, incluyendo laudos que reconocen deudas individuales de hasta dos millones de pesos para exempleados. La postura del grupo es firme al exigir el pago total de estos derechos ganados en tribunales, advirtiendo que no permitirán que la venta de la acerera beneficie a intermediarios mientras los extrabajadores siguen esperando el dinero que legítimamente les pertenece.
