La FGE reporta que Grecia Quiroz se niega a entregar el celular de la víctima, clave para esclarecer el homicidio
A seis meses del asesinato que sacudió a Michoacán, la justicia parece haber topado con un obstáculo inesperado dentro del mismo ayuntamiento. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que las investigaciones sobre el homicidio de Carlos Manzo, líder del “Movimiento del Sombrero”, se encuentran estancadas debido a que la alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, mantiene en su poder el teléfono celular del fallecido y se niega a entregarlo.
El Fiscal General, Carlos Torres Piña, fue claro al señalar que el dispositivo es una pieza de evidencia fundamental para reconstruir las últimas horas de Manzo y encontrar a los responsables del crimen ocurrido el pasado 1 de noviembre. Sin embargo, Quiroz —quien fuera pareja sentimental de la víctima— ha puesto condiciones que la ley no contempla para facilitar el peritaje.
Los puntos críticos del conflicto:
- Peticiones ignoradas: La FGE ha solicitado el equipo de manera formal en dos ocasiones (noviembre y diciembre), sin obtener una respuesta positiva hasta el día de hoy.
- Condiciones inusuales: La alcaldesa argumenta que solo entregará el celular si la revisión se realiza bajo su estricta supervisión personal, alegando que busca evitar la manipulación de evidencia digital.
- Una “promesa” personal: Quiroz afirma que su negativa responde a una voluntad que el propio Manzo le expresó antes de morir, anteponiendo un acuerdo privado por encima del procedimiento legal de una investigación de homicidio.
- Contraste con otros funcionarios: Mientras la alcaldesa mantiene el dispositivo bajo llave, otros 14 funcionarios públicos ya entregaron sus teléfonos y rindieron declaraciones voluntarias, colaborando plenamente con las autoridades michoacanas.
Este bloqueo ha generado suspicacias tanto en la opinión pública como en las esferas judiciales, ya que el retraso en el análisis forense de un dispositivo móvil en casos de alto impacto puede comprometer seriamente la localización de pruebas digitales vitales. Por ahora, el caso de “El del Sombrero” sigue sin justicia, mientras el celular que podría tener las respuestas permanece en manos de quien hoy gobierna la ciudad.
