Mientras la familia de la víctima exige que no se utilice a un “chivo expiatorio”, residentes del edificio en la Benito Juárez aseguran que un inquilino con antecedentes de acoso a menores era protegido por las autoridades.
El feminicidio de Edith Guadalupe en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez ha destapado una cloaca de negligencia y posibles complicidades que van mucho más allá de un crimen aislado. En medio del dolor, surge una denuncia desesperada que apunta a un “secreto a voces” que todos en el edificio número 289 de Avenida Revolución conocían, pero que las autoridades decidieron ignorar por años.
Vecinos del complejo han roto el silencio para señalar que en el lugar residía un hombre que presuntamente utilizaba el inmueble para actividades ilícitas relacionadas con la captación de mujeres jóvenes. Incluso, un padre de familia reveló que hace tiempo interpuso una denuncia formal contra este sujeto por intentar atraer a su hija de apenas 13 años a una “fiesta” mediante el ofrecimiento de dinero. A pesar de la gravedad del reporte, las autoridades jamás se presentaron para investigar.
¿Un inocente tras las rejas?
La indignación ha crecido tras la detención del guardia de seguridad, Juan José “N”, a quien la familia de Edith y varios residentes consideran un “eslabón débil” en la cadena de justicia. Según testimonios recolectados en el lugar, el propio guardia había alertado anteriormente sobre el ingreso constante de chicas muy jóvenes al departamento del sospechoso.
La familia de Edith ha sido contundente en sus declaraciones, acusando a la Fiscalía de intentar cerrar el caso rápidamente con una “fabricación de culpables” debido a su falta de recursos económicos.
“Nosotros no tuvimos dinero para pagar la ‘mordida’ que nos pidieron para agilizar el proceso. Agarraron a alguien que no tiene dinero para defenderse, pero al hombre que sabían que vivía aquí y que tiene dinero, nunca lo tocaron”, denunciaron familiares durante una protesta.
La sombra de la impunidad
La acusación es grave: se señala que diversos elementos de la fiscalía tenían conocimiento del “negocio” que operaba en el edificio y que, lejos de desarticularlo, permitieron que continuara funcionando. La pregunta que hoy recorre los pasillos del inmueble es por qué, a pesar de las denuncias previas de acoso y los testimonios sobre el movimiento de menores, este individuo nunca fue considerado sospechoso ni investigado formalmente.
Hoy, la lucha por Edith Guadalupe no es solo para que su nombre no quede en el olvido, sino para evitar que la impunidad proteja a quienes operan redes de trata bajo el disfraz de ofertas de empleo. La comunidad exige una investigación real que llegue hasta el verdadero responsable y que limpie de corrupción a las instituciones que, por omisión o beneficio, permitieron que “el demonio” viviera entre ellos.
