La audiencia continuará el próximo 19 de agosto para definir la situación legal del imputado y revisar las responsabilidades de los directivos de la asociación.
José Manuel “N”, quien trabajaba como cuidador en la asociación civil Frichem, recibió prisión preventiva justificada tras una audiencia inicial realizada este sábado. El imputado enfrenta acusaciones por crueldad animal y violencia contra seres sintientes, derivados de un operativo policial efectuado el pasado miércoles en un domicilio ubicado en la colonia Libertad del municipio de Castaños. Durante este procedimiento legal inicial todavía no se dictó una vinculación a proceso oficial, ya que la continuación del caso quedó programada para el próximo martes 19 de agosto, fecha en la que un juez evaluará las pruebas presentadas.
Las agrupaciones de protección animal aseguraron que los indicios recolectados demuestran las deplorables condiciones de maltrato que sufrían los ejemplares rescatados. Tuilzie Ibarra Vázquez, activista y coordinadora de Protección Animal en Frontera, explicó que las indagatorias deben ampliarse hacia la directiva de la asociación. Según su postura, la presidenta y la vicepresidenta de Frichem tenían la obligación legal de supervisar el cuidado diario y la integridad de los animales, por lo que pidió a la fiscalía investigar su posible grado de responsabilidad penal en los hechos.
El operativo policial permitió rescatar a 53 perros en una primera intervención, aunque uno de ellos falleció horas después a consecuencia de su crítico estado de salud. Los reportes médicos indicaron que los animales presentaban cuadros severos de desnutrición, infestaciones masivas de parásitos externos, heridas por mutilación y probables marcas de quemaduras. Las rescatistas enfatizaron que estos hallazgos materiales forman parte central de la carpeta de investigación integrada por la fiscalía estatal contra los presuntos responsables del refugio.
El origen de la intervención institucional ocurrió luego de que una familia denunciara públicamente que la asociación se negaba a devolverles a su mascota y exigía dinero a cambio. Esta situación generó sospechas entre rescatistas independientes y vecinos, quienes previamente habían advertido al municipio sobre fuertes olores fétidos y perros amarrados sin agua ni espacio suficiente. A raíz de estas denuncias ciudadanas ignoradas durante meses, las autoridades locales finalmente intervinieron el inmueble para verificar el funcionamiento interno del sitio señalado.
Actualmente persiste la incertidumbre sobre el paradero de decenas de mascotas que pasaron por el refugio antes del cateo policial. La propia organización había publicado anteriormente que albergaba a más de 200 animales, pero las autoridades únicamente contabilizaron 53 ejemplares en el lugar. Ciudadanos locales y donantes desde Estados Unidos comenzaron a enviar fotografías para rastrear a sus animales desaparecidos, mientras los 52 perros sobrevivientes reciben atención médica especializada para lograr su recuperación física.
