Inicio / Nacional / TikToks en la SCJN desatan debate sobre uso de oficinas públicas

TikToks en la SCJN desatan debate sobre uso de oficinas públicas

Dos abogadas renunciaron tras grabar un comercial dentro de la Suprema Corte y el caso abrió discusión sobre posibles sanciones administrativas.

La polémica surgió luego de que dos trabajadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación grabaron un video promocional para redes sociales dentro de las instalaciones del máximo tribunal del país. Las abogadas, integrantes de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo, utilizaron oficinas y espacios institucionales para promocionar una marca de botanas.

El video mostraba una escena relacionada con el “estrés laboral” y fue difundido en plataformas digitales. Tras hacerse viral, usuarios cuestionaron el uso de instalaciones públicas y el hecho de que la grabación presuntamente se realizara durante horario laboral, mientras la Corte mantiene numerosos asuntos pendientes por resolver.

La discusión se centró en lo que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas sobre el uso indebido de recursos y espacios públicos. Aunque la legislación no menciona directamente la grabación de contenidos para redes sociales, sí contempla sanciones relacionadas con el uso negligente o inapropiado de bienes e instalaciones oficiales.

Entre las posibles sanciones se encuentran amonestaciones, suspensión temporal del cargo, destitución e incluso inhabilitación para ocupar puestos públicos. La gravedad de la sanción depende de la investigación interna y de las normas específicas de cada institución gubernamental.

Ante la controversia, la Suprema Corte aclaró que ni el tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo autorizaron el uso de las instalaciones para fines comerciales o personales. También informó que las personas involucradas retiraron el contenido de redes sociales y presentaron su renuncia inmediata e irrevocable.

La SCJN agregó que abrió una revisión interna para determinar si existió uso indebido de tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales. El caso ha generado debate público sobre los límites del contenido digital realizado por funcionarios dentro de espacios gubernamentales.

Etiqueta: